Se calcula que más de doce millones de niñas (sin contar mujeres adultas) sufren cada año un matrimonio forzado. Son unas 34.000 al día.
Para la inmensa mayoría de ellas casarse es el inicio de una sucesión de violaciones de los Derechos Humanos: violaciones, coartación de la libertad sexual, esclavitud y violencia doméstica y, por supuesto, vulneración de toda libertad individual.

Todos ellos responden a intereses económicos o sociales (estatus o reputación) por parte de ambas familias y, tradicionalmente, son los padres o tutores de ellas los que aportan una dote: un pago en efectivo o especias a modo de agradecimiento por llevarse a esa hija: un hijo puede trabajar, traer riqueza a su familia. Una niña, al fin y al cabo, es una carga. Se convierte, en definitiva, en un intercambio comercial.

Por otro lado, y no menos importante, los cónyuges suelen ser hombres mayores, incluso ancianos, que abusarán sexual y físicamente de esas niñas con el derecho de su comunidad y, a veces, incluso de la ley.

Por Ofelia decidían su padre, su hermano e incluso el hombre que amaba, ignorando su opinión, anulando su voluntad y decidiendo según sus propios intereses, que la hacían ir de los brazos de uno a los de otro y sintiendo, incluso, que la equivocada, la que no conseguía acertar, era ella. Luz de gas.

Mientras todos tiraban de sus brazos, peleándose por dominar su vida, ella no importaba. Mientras todos peleaban por un apellido, un estatus social y un posible matrimonio, ella se suicidaba.